CODEM. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

El posicionamiento está firmado por la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME), la Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET), la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), el Grupo 40+ Iniciativa Enfermera (Grupo 40+) y la Sociedad Española de Enfermería en Geriatría y Gerontología (SEEGG):

“La COVID 19 ha supuesto un punto de inflexión en la oferta de los diferentes servicios públicos y privados de cara a hacer frente a la pandemia. Pero no es suficiente justificación para determinar la oferta de determinados servicios en ámbitos que no son los adecuados sin un riguroso análisis previo.

Ante las propuestas que desde diferentes administraciones autonómicas están trasladándose para que se autorice a las farmacias a la realización de pruebas de antígenos en sus oficinas, desde las organizaciones firmantes trasladamos tanto a las administraciones central y autonómicas como a la población general las siguientes consideraciones:

Las farmacias son un recurso comunitario importante y muy necesario. No es menos cierto que prestan un servicio público primordial. Pero esta realidad no puede ni debe utilizarse de manera interesada. Porque estar en la comunidad lo que les otorga es la condición de recurso comunitario que puede y debe articularse con el resto de recursos comunitarios, muy especialmente con los de salud, para el desarrollo consensuado de estrategias que, finalmente, beneficien y den respuesta a las necesidades de las poblaciones donde se ubican.

Las farmacias son un servicio público, pero no son recursos públicos, sino privados, con lícitos intereses comerciales que no pueden interferir en la oferta de determinados servicios como el que se pretende y para el que no cuentan ni con la preparación adecuada ni la infraestructura necesaria que garanticen la seguridad de las personas y la calidad de las pruebas a realizar.

Los servicios que prestan, en cuanto a la dispensación y control de medicamentos, son esenciales y deben estar necesariamente coordinados desde el respeto y el consenso con los servicios que se dan en los centros de salud, los hospitales o cualquier otro recurso comunitario, en los que ya existen profesionales farmacéuticos con vinculación contractual y competencias claras en los diferentes Sistemas de Salud tanto nacional como autonómicos.

Tanto las farmacias como quienes las regentan son fundamentales y garantizan un adecuado y necesario equilibrio en aspectos importantísimos para la salud de las personas. Pero dicha garantía debe circunscribirse a su ámbito competencial y, en todo caso, a aquellos aspectos que previamente analizados, reflexionados, debatidos y consensuados con el resto de agentes de salud que intervienen en cualquier proceso de salud-enfermedad, puedan ser incorporados como prestaciones que deben ser ofertadas como servicios públicos, gratuitos y evaluados en su conjunto con el resto de las prestaciones que, desde cualquier servicio de salud, se oferte en el ámbito del Sistema Nacional de Salud en el que se enmarcan y que es universal, accesible y gratuito.

Por todo lo dicho, consideramos prioritario un análisis sereno y riguroso que permita llevar a cabo la necesaria planificación en la que se articulen los diferentes recursos comunitarios para lograr potenciar al máximo las competencias y capacidades de cada uno de ellos, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad.

La comparación con otros países en los que se está implantando la realización de pruebas de antígenos en las farmacias es tendenciosa al tratarse de contextos y realidades diferentes (Francia e Italia, por ejemplo), tanto en estructura y organización de los servicios sanitarios, con la práctica inexistencia de una red de Atención Primaria de Salud como la que existe en España, como en la concesión de apertura de farmacias y su gestión, lo que supone en sí mismo un fallido argumento.

Actualmente existen alternativas más seguras, garantistas y públicas que las que se pretenden que, aunque se presenten como altruistas tienen un claro trasfondo mercantilista que debe evitarse tal y como se plantea. Las urgencias y los oportunismos no son buenos consejeros en la toma de decisiones y pueden crear, además, un claro precedente para futuras intervenciones.

Entendemos que las decisiones en este sentido, como en otros de similar importancia, deben ser homogéneas para todos los territorios. Lo contrario provoca confusión, incertidumbre y alarma en la población que, además, lo puede interpretar como una clara inequidad en el acceso a determinadas acciones en función de donde se resida.

Por todo lo expuesto, desde las organizaciones firmantes nos manifestamos totalmente en contra de que se lleven a cabo en las farmacias la realización de pruebas de antígenos o de cualquier otra actividad que no forme parte de las competencias que les son propias e inherentes a su titulación, para las que además no se cuenta con las instalaciones mínimamente exigibles para ello”.