CODEM. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

Se trata de un servicio que se presta en relación con la COVID-19 y el sufrimiento emocional causado a los profesionales sanitarios.

Según el texto, la Orden producirá efectos desde las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020 y mantendrá su vigencia hasta que el Gobierno de España declare la finalización de la situación de crisis sanitaria.

Afecta a las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.

La orden regula, entre otras cuestiones, la puesta a disposición de las comunidades autónomas de los centros de diagnóstico clínico; los requisitos para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 o la notificación de los casos COVID-19 confirmados.

La resolución se publica “ante la urgente necesidad de disponer de todos los recursos necesarios para garantizar la atención que se presta en los centros de servicios sociales de la Agencia Madrileña de Atención Social y dar respuesta a los requerimientos establecidos en la normativa vigente”.

Según el texto, “las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución”.

Dicha prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020 y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, con la modificación que se recoge en el apartado tercero.

Las medidas que se contienen en la presente orden son las imprescindibles para hacer frente a la situación descrita y la competencia para su adopción, recae en el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Mediante la presente orden se establecen una serie de medias en materia de recursos humanos que habrán de desarrollar las comunidades autónomas en su territorio y que tratarán de garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por este virus.

Según el texto, “las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución”.