CODEM. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

Los profesionales sanitarios cuidan de las personas, en todas partes y en todo momento, independientemente de las circunstancias. Por eso, cuando un hospital o cualquier otro centro sanitario —espacios que deberían ser siempre refugios seguros— se convierte en un campo de batalla, no solo se atenta contra el derecho universal a la atención sanitaria, sino también contra la protección de quienes trabajan para salvar vidas.

En lo que va de año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado 821 ataques contra infraestructuras sanitarias en cinco conflictos principales. Estos atentados han provocado la muerte de 1.124 personas y han dejado 654 heridos entre pacientes y profesionales de la salud.

Aunque los ataques se han producido en 16 países o territorios (incluida Palestina), cinco concentran casi el 90 % de los casos. Entre ellos destacan Ucrania (325 ataques, con 10 muertes y 114 heridos), los Territorios Palestinos Ocupados (304 ataques, 61 muertos y 165 heridos) y la República Democrática del Congo (304 ataques, con 8 heridos).

Son cifras que no han dejado de crecer. En 2024 identificaron en el mundo 3.600 ataques contra la atención sanitaria, un 15% más que en 2023 y un 62% más que en 2022.

Y no se trata solo de números. Estas situaciones reflejan un desprecio absoluto por la vida y por los derechos humanos más básicos, y desgraciadamente, su incremento ha llevado a que muchos empiecen a normalizar lo inaceptable: atacar a la Sanidad.

Y una vez más, la población civil paga el precio más alto. Son los más vulnerables y desprotegidos quienes sufren: niños, mujeres embarazadas, ancianos o adolescentes, para quienes las balas no distinguen ni edad ni condición.

Son los más pequeños quienes se llevan la peor parte, tal y como indica el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El número de muertes y mutilaciones, según este organismo, ha aumentado un 35%, especialmente en el Territorio Palestino Ocupado (la Franja de Gaza), en Burkina Faso o la República Democrática del Congo.

Y junto a todas estas víctimas siempre han estado, y siguen estando, los sanitarios y los trabajadores humanitarios. Personas que cuidan de los demás incluso en medio del horror, y que sufren las mismas heridas y pérdidas que aquellos a quienes intentan proteger.

Se trata de conflictos armados que no entienden de ideología, de raza o de ubicación geográfica y que están destruyendo a generaciones enteras que sobreviven al límite.

La violencia no solo viene de las armas. También se manifiesta en la denegación de ayuda humanitaria. Los ataques contra hospitales son especialmente graves: privan a la población de su derecho a la atención sanitaria y generan consecuencias físicas y psicológicas devastadoras.

Como enfermeras y enfermeros, siempre estaremos del lado de la población civil, de todo aquel que necesita cuidados. Nuestra voz se alza en defensa de la paz y en condena rotunda a la guerra, sin importar dónde ocurra.

Ante esta realidad, no basta con indignarse. Es urgente exigir a los gobiernos y a las instituciones internacionales el cumplimiento estricto del derecho internacional, garantizando la inviolabilidad de los espacios sanitarios y de quienes trabajan en ellos. Tolerar estos ataques equivale a aceptar la guerra y sus consecuencias.

Por eso, desde la Profesión Enfermera, reiteramos un mensaje claro: cuidar nunca puede convertirse en un acto de riesgo.

Defender la vida y la salud no debe ser motivo de persecución ni de violencia.

ACCEDE AQUÍ AL COMUNICADO