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13 oct 2026
La Comunidad de Madrid es la región con mayor número de enfermeras escolares. Sin embargo, la mayoría de los cerca de 1.200.000 alumnos que estudian en centros públicos, concertados y privados no cuentan con esa figura. Una contradicción que no responde a una sola causa y cuyas consecuencias afectan a los estudiantes y sus familias.
Inés tiene dos años y medio y una enfermedad rara: BPAN, un trastorno neurodegenerativo que afecta a menos de 25 personas en España. En septiembre, mientras miles de familias organizan mochilas y horarios, sus padres, Celia y Enrique, afrontan una vuelta al cole distinta; la que convive con consultas médicas, el seguimiento de una enfermedad que avanza, y la certeza de que el tiempo no juega a favor de su hija.
La historia de Inés sirve para poner en contexto la realidad de miles de escolares cuyas enfermedades no entran en los criterios que deciden que un centro tiene derecho a contar con una enfermera escolar. Ella es un ejemplo de esos casos que quedan fuera de la lista.
El CODEM lleva años advirtiendo acerca de un dato sorprendente: Madrid es la comunidad autónoma con más enfermeras escolares de España, sumando centros públicos, concertados y privados. Y sin embargo, la mayoría de los más de 1.200.000 alumnos lo hacen en centros que no cuentan con esa figura. Distintas fuentes (los datos con los que cuenta el Colegio, los listados de la Consejería de Educación y los aportados por las asociaciones de familias de alumnos con enfermedades crónicas, raras y/o discapacitantes, sitúan la cobertura real entre el 20% y el 22% de los centros, con una ratio aproximada de 1 enfermera por cada 1.200 estudiantes, frente a 1 por cada 750 en la Unión Europea.
El hecho de ser la región mejor situada del país y cubrir apenas a una parte de su alumnado no es una contradicción retórica: es la fotografía real de una comunidad que ha avanzado más que el resto sin que eso signifique haber resuelto el problema de la falta de enfermeras escolares. Este reportaje analizará las causas por las que se produce esta situación y qué criterio se sigue en la Consejería de Educación Madrileña para decidir qué colegio de Madrid contará con enfermera escolar y cuál no.
La figura de la enfermera escolar, habitualmente, se asocia a una sola función, la asistencial y la más visible: profesional que atiende una caída en el patio o administra un tratamiento puntual. Esa es una parte de su trabajo, pero no la única, y probablemente ni siquiera la más determinante.
La Resolución del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, publicada en el BOE en diciembre de 2018, reconoce ocho competencias distintas para esta figura: asistencial, educativa, gestora, asesora, investigadora, de detección, de acompañamiento y social. Es decir, un marco de trabajo que va mucho más allá de responder a una urgencia puntual, e incluye desde la educación para la salud hasta la coordinación con las familias y el resto de la comunidad educativa.
Hay, además, un elemento que estas profesionales señalan con frecuencia y que rara vez aparece en los debates sobre cifras o ratios: la continuidad en el mismo centro educativo. Enfermeras que han trabajado varias décadas en el mismo centro describen cómo el conocimiento acumulado de un alumno o una familia a lo largo de los años, no solo de su historial clínico sino de su contexto, permite anticipar problemas que de otra forma pasarían desapercibidos.
Se trata de una percepción compartida por quienes llevan años en la profesión, más que de un dato cuantificado, pero conviene tenerla presente: buena parte del valor de esta figura no se mide únicamente en sí un centro tiene o no enfermera, sino en si esa presencia se mantiene en el tiempo con la misma persona y la misma población de alumnos.
Uno de los problemas al abordar la situación de la Enfermería Escolar en Madrid es que no existe una cifra única y consolidada. Distintas fuentes, con metodologías y fechas de corte diferentes, ofrecen números que no siempre coinciden entre sí.
El CODEM sitúa la cifra en torno a las 1.000-1.200 enfermeras escolares en la región, sumando los tres ámbitos (público, concertado y privado) y aglutinando colegios Ordinarios y colegios de Educación Especial, con datos actualizados a septiembre de 2025. La Federación Regional de Enseñanza de CCOO, por su parte, denunció en febrero de 2024 que solo 622 de los 1.600 centros públicos madrileños (el 39%) contaban con este servicio, con un total de 676 profesionales; una cifra que se refiere exclusivamente a la red pública y a una fecha anterior a la que maneja el Colegio.
La Asociación Diabetes Madrid, que incluye también la red privada en su recuento, sitúa en 814 los centros con personal sanitario de un total de 3.984 (en torno al 20%) según su listado actualizado a octubre de 2025. Y la propia Consejería de Educación, Ciencia y Universidades publica cada curso un listado oficial, centro por centro, de los colegios públicos con personal de enfermería, aunque sin ofrecer una cifra agregada de fácil consulta.
Estas diferencias no deben entenderse como una contradicción entre fuentes poco fiables, sino como el resultado de preguntar cosas ligeramente distintas: no todas cubren los mismos tipos de centro, ni se refieren al mismo curso escolar, ni miden lo mismo (centros con algún tipo de cobertura sanitaria no equivale necesariamente a centros con una enfermera a jornada completa).
El CODEM ha analizado el listado de personal sanitario en centros educativos de toda la Comunidad de Madrid elaborado por la Asociación Diabetes Madrid (octubre de 2025), que a diferencia de otras fuentes cubre también los municipios fuera de la capital. Sobre un total de 725 centros con algún tipo de recurso sanitario identificado, la distribución geográfica y por tipo de gestión y de servicio es la siguiente:
Hay un dato que rara vez aparece cuando se habla de Enfermería Escolar en Madrid: la única norma específica que ha regulado esta figura en la región, la Orden 629/2014, de 1 de julio, conjunta de las Consejerías de Sanidad y de Educación, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en mayo de 2016, a raíz de un recurso presentado por la Federación Regional de Enseñanza de CCOO. El tribunal consideró que la norma se había aprobado sin la negociación colectiva preceptiva, vulnerando el Estatuto Marco y el convenio aplicable, e incurriendo en fraude de ley en la contratación temporal del personal.
La Comunidad de Madrid recurrió esa sentencia ante el Tribunal Supremo, que la confirmó en 2019, dejándola firme y sin más recurso posible. Esa sentencia añadió además una precisión relevante: estableció que las enfermeras escolares tienen la consideración de personal laboral, no estatutario, una calificación que no es un matiz menor a la hora de explicar la precariedad contractual que denuncia el sector.
Lo llamativo es lo que ha ocurrido después. Pese a que la norma que sostenía jurídicamente el sistema quedó anulada en 2019, el modelo ha seguido funcionando en la práctica durante los años siguientes sin que se haya aprobado ninguna norma equivalente que sustituya a la derogada.
Educación nunca ha tenido una bolsa de trabajo de enfermeras, y siempre se han cubierto desde Bienestar social y, posteriormente, del SERMAS. Actualmente hay que estar apunado al SEPE, es decir, que si se quiere trabajar en un colegio hay que contactar con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Según AMECE, se llegó a redactar un borrador de nueva normativa que mejoraba sustancialmente muchos aspectos de la anterior como los criterios de asignación de enfermera a los colegios y mejor cobertura legal y laboral.
En la práctica, esto significa que Madrid lleva prácticamente una década gestionando la Enfermería Escolar sobre una base administrativa (no una norma en vigor) que reproduce los mismos criterios que la orden anulada, sin que exista hoy un marco legal que respalde qué centros deben tener enfermera y cuáles no, ni qué ocurre cuando esa decisión se cuestiona.
Si no existe una norma en vigor que regule la Enfermería Escolar en Madrid, cabe preguntarse cómo se decide, en la práctica, qué centro tiene enfermera y cuál no. Según AMECE, la Consejería de Educación sigue aplicando de facto los mismos criterios que recogía la Orden 629/2014 pese a su anulación: “se prioriza a los centros con alumnado con diabetes, alimentación por sonda nasogástrica o gastrostomía, o sondaje vesical intermitente”.
Quedarían fuera de esa priorización patologías como la epilepsia, las alergias graves, el asma o las cardiopatías, que no generan de forma automática la asignación de una enfermera.
En 2025 se nombró, por primera vez, a una coordinadora de Enfermería Escolar en la Comunidad de Madrid. Según relata Natividad López Langa, presidenta de honor de AMECE, “la propuesta de crear este cargo la presentó ella misma al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (2018),
La figura que finalmente se ha puesto en marcha tendría, según la presidenta de honor de AMECE, “un alcance más limitado, centrado en tareas administrativas de gestión de datos, sin la capacidad de asesoramiento o coordinación con la que se planteó originalmente.”
Hay un tercer elemento que, según describen desde AMECE, condiciona directamente la continuidad del servicio en cada centro: la presencia de la enfermera suele quedar vinculada a un alumno concreto, el que por su patología justificó originalmente la asignación. Cuando ese alumno cambia de etapa educativa o deja el centro, la plaza puede desaparecer, incluso si otros menores del mismo colegio se beneficiaban de esa presencia sin ser ellos quienes la motivaron. La asociación cita casos de familias que, tras disfrutar de ese recurso durante un tiempo, han tenido que solicitar su continuidad a través del consejo escolar del centro, sin un procedimiento claro ni garantías de respuesta.
En los centros que no cuentan con enfermera escolar, la respuesta ante una urgencia sanitaria depende, en gran medida, del protocolo interno de cada colegio, cuando existe uno. Según Natividad López Langa, “la capacitación real del profesorado para actuar ante una crisis grave, como una reacción anafiláctica, varía mucho de un centro a otro: hay docentes capaces de administrar el tratamiento necesario, y otros que, pese a tener el medicamento a mano, no se sienten en condiciones de hacerlo”.
Desde el punto de vista asistencial, el argumento que sostiene la necesidad de esta figura no es solo el bienestar inmediato del alumno, sino la evolución de los propios cuadros clínicos: una crisis asmática moderada, si no recibe tratamiento a tiempo, puede agravarse hasta requerir traslado hospitalario e incluso el ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Este razonamiento, según el cual la atención temprana evita complicaciones mayores y con ellas un gasto sanitario superior, es ampliamente compartido por Enfermería.
Queda, por último, una pregunta sin resolver que ni siquiera desde el propio sector profesional obtiene una respuesta unívoca: quién asume la responsabilidad legal si, en ausencia de enfermera, la atención a un menor no llega a tiempo o resulta insuficiente. Desde AMECE se apunta a una posible responsabilidad subsidiaria de la Consejería de Educación, aunque reconocen que no existe una doctrina clara al respecto.
Puesto en contexto nacional, el panorama madrileño cambia de aspecto. Según el Observatorio Nacional de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería, la media española se sitúa en torno a una enfermera escolar por cada 6.368 alumnos, muy lejos de la ratio de unas 1.00 que maneja Madrid y todavía más lejos de la referencia europea de 1 por cada 750. Comparado con otras comunidades, el contraste es aún mayor: distintas fuentes sitúan en unas 411 las enfermeras escolares en Andalucía, 650 en Cataluña y apenas 29 en Galicia.
Ese contraste lo confirma también Itziar Ferragud, presidenta de AMECE y enfermera escolar en un centro concertado de Valencia desde 2010, explica que en su comunidad la figura no existe en los centros públicos ordinarios: sólo está presente en centros de educación especial. “Un alumno con diabetes o con necesidad de sondaje que curse en un centro ordinario valenciano no cuenta con ningún recurso de enfermería escolar”. Madrid, pese a sus carencias, parte de una posición que otras comunidades ni siquiera se plantean, y ese contraste no siempre se comunica con la claridad necesaria.
Existe investigación académica específica sobre la Enfermería Escolar en España. El estudio de mayor alcance hasta la fecha es el firmado por Zafra-Agea y varios coautores, publicado en noviembre de 2025 en la revista científica BMC Nursing, dentro del marco del Observatorio Nacional de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería. Se trata de un estudio observacional de corte transversal, con encuestas realizadas entre marzo y junio de 2023 a 376 enfermeras escolares, 1.193 docentes y equipos directivos, y 582 familias de toda España.
Entre otros resultados, algo más de la mitad de los centros participantes (el 55% según el personal del centro, el 40% según las familias) contaba con enfermera escolar en el momento de la encuesta. Donde la figura está presente, tanto el personal del centro como las familias declaran niveles de satisfacción muy altos, por encima de 4 sobre 5 en ambos grupos. El estudio detecta también un patrón de desigualdad: la disponibilidad es sistemáticamente mayor en centros privados y concertados que en públicos, y mayor en zonas urbanas que rurales.
El debate sobre la enfermería escolar no se limita a la atención de patologías crónicas. En agosto de 2026, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes publicó una guía para el diseño de protocolos de acoso escolar y ciberacoso en los centros educativos. Pocos días después, el Consejo General de Enfermería, junto con AMECE y la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE), emitió una nota de prensa crítica con el documento, señalando que no incorpora una perspectiva clínico-sanitaria ni contempla el papel de la enfermería escolar en la detección y el seguimiento de casos de acoso.
El argumento de fondo, expuesto por Florentino Pérez Raya (presidente del CGE), Itziar Ferragud (AMECE) y Engracia Soler (ACEESE), es que el acoso escolar tiene también una dimensión de salud física y mental, manifestada con frecuencia en somatizaciones como dolores de cabeza o abdominales, cambios de conducta o de alimentación, que la enfermera escolar está en condiciones de detectar antes de que el problema se verbalice como tal
En paralelo, en la Comunidad de Madrid existe desde 2023 un protocolo de actuación conjunta en salud mental, vinculando a la Consejería de Sanidad y a una unidad del Hospital Gregorio Marañón, centrado en la prevención del suicidio, la autolesión en el ámbito escolar y distintos problemas de salud mental en la población infanto-juvenil. Según describe AMECE, su alcance actual es limitado por motivos de financiación, y no llega a la totalidad de los centros de la región.
Una de las principales reivindicaciones es el reconocimiento legal de las Enfermería Escolar; contar con una norma que respalde de forma explícita las competencias de esta figura, de manera que no queden sujetas a la interpretación de cada administración o cada centro educativo.
Por su parte el Consejo General de Enfermería junto con AMECE y ACEESE, presentaron en junio de 2025 una solicitud de Diploma de Acreditación Avanzada para la enfermería escolar, un paso intermedio con menor recorrido administrativo que una especialidad formal.
El CODEM insiste en que la función de la enfermera escolar no se limita a la asistencia puntual, sino que implica una responsabilidad de vigilancia y garantía de la salud dentro del centro educativo. Es una idea que ha calado también entre las asociaciones profesionales del sector, que la citan como argumento central en sus propias reivindicaciones ante las administraciones.
En resumen, se pueden diferenciar tres perspectivas de la situación de la Enfermería Escolar en la Comunidad de Madrid. Una jurídica, con una norma anulada hace casi una década sin que exista otra que la sustituya, y unos criterios de asignación que, según el testimonio del sector y no confirmado documentalmente, se siguen aplicando de facto sin respaldo legal explícito. Otra laboral, con unas condiciones de contratación que, según los datos disponibles, dificultan retener personal en un ámbito que compite con la atención primaria y hospitalaria en la captación de profesionales.
Y finalmente la perspectiva de la equidad, con una cobertura que tiende a ser mayor en centros privados y urbanos que en públicos y rurales.
Madrid parte de una posición mejor que la del resto de España en esta materia, pero esa comparación favorable no debe entenderse como un diagnóstico de normalidad: la cobertura real sigue alcanzando a una minoría de los centros y de los alumnos de la región, y las decisiones sobre quién tiene acceso a este recurso continúan tomándose, según lo expuesto en este reportaje, sin un marco normativo claro que las sostenga.
Qué solución adopte finalmente la administración, una nueva norma autonómica, una ley estatal, un cambio en el modelo de contratación, es algo que hoy en día no está decidido ni parece inminente.
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