CODEM. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

El nuevo Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre de 2018, y cuyo acuerdo de convalidación fue publicado el 22 de enero de 2019, incluye importantes modificaciones en la cotización a la Seguridad Social, en materia laboral y de contratación, así como en la regulación de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y la mejora de determinadas pensiones, y aborda, como cuestión urgente y prioritaria, la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas en el año 2019 de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto (IPC).

Entre las principales novedades que desde el 1 de enero de 2019 han entrado en vigor, y que son de aplicación a todas las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado podemos destacar:

• Incremento del 1,6 % respecto del importe que habrían tenido en 2018, si las mismas se hubieran revalorizado conforme al IPC real del período de noviembre de 2017 a noviembre de 2018 (el 1,7 %). Lo que significa que, a efectos de la aplicación de la revalorización para 2019 habrá de partirse del importe de la pensión a 31 de diciembre de 2017, incrementar su cuantía en el 1,7% y al resultado aplicar el índice de revalorización previsto para 2019, es decir, el 1,6%.
• El límite de percepción de pensión pública para 2019 será de 2.659,41 euros mensuales o 37.231,74 euros anuales. El importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo quedará en 835,8 euros al mes, la de sin cónyuge en 677,4 euros y la de con cónyuge no a cargo en los 642,9 euros.
• Aumento en un 3% sobre la cuantía de 2018 en los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones no contributivas y del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como las pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.
• Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Los perceptores de pensiones del sistema de la Seguridad Social que hayan sido revalorizadas en 2018, han de recibir, antes de 1 de abril de 2019 y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2018 y la que hubiera correspondido de haber aplicado a dichas pensiones el incremento del 1,7 % (índice de evolución del IPC en el período de noviembre de 2017 a noviembre de 2018).
• La edad legal de jubilación se eleva dos meses y se sitúa en 65 años y 8 meses para aquellos que hayan cotizado durante su vida laboral menos de 36 años y 9 meses. No obstante, los trabajadores todavía podrán jubilarse con 65 años, para lo cual se precisa haber cotizado como mínimo 36 años y 9 meses, que son tres meses más de lo que se exigía hasta 2018.
• Cambio en los años cotizados que sirven de base para calcular la pensión. En 2013 la cotización que se tenía en cuenta para ello eran 15 (180 meses), una cifra que subirá progresivamente hasta los 25 años (300 meses) en 2022. En 2019 el cálculo se hará en base a los últimos 22 años (264 meses). La consecuencia será, por lo general, una pensión más baja ya que se tienen en cuenta sueldos más antiguos, que suelen ser inferiores.
• Jubilación anticipada voluntaria. Se deberá tener dos años menos de la edad de jubilación (es decir, 63 años y 8 meses, siempre que se hayan cotizado menos de 36 años y 9 meses) y acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años y estar en situación de alta. También es necesario que el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad.

Las cuantías mencionadas podrían verse incrementadas con la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, ya que al no estar aprobados éstos en fecha del 1 de enero de dicho ejercicio, se ha producido la prórroga de los Presupuestos recogidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio.

Para cualquier consulta al respecto, recordamos que el CODEM pone a disposición del colegiado, previa petición de cita, el servicio de Asesoría Jurídica.