CODEM. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

El Comité de Bioética de España (CBE) ha publicado el Informe sobre el Acceso Universal al Sistema Sanitario, documento que responde a una consulta de la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad acerca de los aspectos éticos a tener en cuenta en relación con la cobertura sanitaria universal y el acceso universal al sistema sanitario, y con el Proyecto de Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.

El informe reflexiona sobre la dimensión ética del acceso universal y equitativo al sistema sanitario teniendo presente que el contexto socioeconómico y político de las personas es clave en la falta de equidad en salud. En sus páginas, el CBE advierte que España no ha garantizado la universalidad en el acceso al SNS, haciendo alusión a la variedad normativa de las comunidades autónomas que desemboca en una inequidad por cuestiones territoriales.

Por otro lado, el documento confirma que la asistencia sanitaria y social es esencial para el cuidado de la salud individual y colectiva y que el logro de esta finalidad exige eliminar las desigualdades injustas o inequitativas, que obedecen a problemas sistémicos y condicionantes sociales, políticos y económicos. Además, el informe indica que el acceso universal a un sistema sanitario y social de calidad es esencial para la justicia y la equidad en salud, pero resulta insuficiente si no va acompañado de acciones complementarias que modifiquen la estructura social y la distribución inequitativa de los recursos.

Tras estudiar la protección de la salud como derecho a nivel nacional e internacional y la evolución de la regulación jurídica del derecho a la asistencia sanitaria y el acceso al Sistema Nacional de Salud en España, el CBE estima que un instrumento jurídico estatal como el Proyecto de Ley de universalidad del SNS es una vía apropiada para lograr una cobertura sanitaria universal en condiciones de justicia, seguridad y eficacia.

Desde el CBE subrayan que el objetivo del Proyecto de Ley, así como de cualquier intervención ética, jurídica y política similar en materia de salud, debe apuntar a una doble dirección: eliminar las desigualdades inequitativas en salud y garantizar la capacidad de salud. Con todo, precisa que la garantía del acceso universal, objeto del Proyecto de Ley, debe ser concebida como una obligación básica o nuclear de carácter categórico, pues protege valores básicos como la dignidad, la salud, la integridad o la vida, de modo que su reconocimiento y eficacia deben extenderse a todas las personas.

Por tanto, la universalidad equitativa ha de ser interpretada tanto en sentido subjetivo o personal (cualquier persona, sin discriminación por razones sociales, económicas, demográficas, de nacionalidad, de residencia, de situación administrativa o cualesquiera otras) como en sentido territorial (en todos los lugares del Estado), para asegurar así la cobertura mínima y el acceso en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.

El informe concluye afirmando la responsabilidad ética y política de los poderes públicos de eliminar las desigualdades en salud y garantizar la universalidad del acceso al sistema sanitario y social y del cuidado de la salud, como expresión de su compromiso con el Estado social y democrático de Derecho, los valores de la libertad, la igualdad y la justicia, y la defensa de los derechos Además, el documento recuerda que la responsabilidad ética no corresponde solo a los poderes públicos, sino que concierne a toda la ciudadanía, que debe contribuir a la eliminación de las desigualdades, a la garantía de la libertad, la igualdad y la justicia, y a la defensa de los derechos.

Puedes consultar el informe pinchando aquí.