CODEM. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

El Congreso de los Diputados ha rechazado en sesión plenaria celebrada el día 22/01/2019 el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. La propuesta ha decaído con 243 votos en contra, 103 a favor y una abstención, lo que supone una vuelta a la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda prevista en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.

El Real Decreto-ley 21/2018 introducía, entre otras medidas, la reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, a través de distintas modificaciones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos. Entre ellas destacaban la extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda, así como la limitación a la fianza y la asignación del pago de los gastos de gestión al arrendador. 

• Se fijaba en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, supuesto en que el plazo era de siete años.

• En lo referente a la prórroga tácita, se establecía que, llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, y una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, si no existiera comunicación de alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de no renovarlo, se prorrogaría el contrato durante tres años más.

• En cuanto a la fianza se fijaba en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se tratara de contratos de larga duración.

• Por último, se establecía que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serían a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica, exceptuando aquellos servicios que hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario.

Esta situación abre la posibilidad de que todas aquellas personas que suscribieran un contrato de arrendamiento de vivienda durante el efímero periodo de vigencia del Real Decreto-ley, esto es, desde el 19 de diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019, puedan ser instados por el arrendador a la modificación del contrato de arrendamiento en lo relativo a las medidas de reforma introducidas por dicha norma, y en caso de no llegarse a un acuerdo entre las partes podría ser éste objeto de demanda judicial.

Recomendamos a quienes se encuentren en estas circunstancias hagan uso del servicio de Asesoría Jurídica que el CODEM pone a disposición del colegiado previa petición de cita.