CODEM. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

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Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas y así es, pues esta segunda parte en sí aún si cabe más dura que la anterior, ya que no solo refleja la injusticia de un sistema que prioriza el legalismo burocrático sobre la persona, sino que hablaremos de cómo es posible que la atención sanitaria y de otro tipo puede estar en manos del criterio del profesional que nos atienda, pudiendo tener como resultado una atención humana y eficaz, como en el mayor número de casos o por el contrario nos puede tocar sufrir la frustración de un profesional que se cree con el poder de administrar su justicia por el mero hecho de que puede hacerlo por su posición, ejerciendo así la opresión peor de todas, que es la que viene por parte de quien debe de cuidarnos. Yo mismo hace unas cinco semanas tuve que acompañar a dos de nuestros acogidos a realizar un trámite burocrático que nada tenía que ver con la atención sanitaria, o sí porque era para realizar un documento que sin él no puede tramitarse el DASE o DASPI que es la asistencia sanitaria a extranjeros o a solicitantes de protección internacional y por consiguiente acceso al especialista, recetas etc...

El caso es que al solicitar el trámite el funcionario nos remitió a la embajada de las personas que estaba acompañando, argumentando que necesitaban un documento que nos tendrían que redactar ellos, pero que nunca nos habían pedido antes y cuando le comunicamos que nunca antes nos habían pedido ese documento, el funcionario reaccionó con nerviosismo y argumentos que tenían que ver más con lo personal que con la materia que teníamos entre manos.

Aún así tuvimos que irnos a la embajada y escuchar con toda la razón del mundo que ese documento que le estábamos pidiendo era algo fuera de toda oficialidad y que por supuesto no lo iban a redactar. Nos tocó regresar con las manos vacías para finalmente volver a escuchar de nuevo la charla de un funcionario empoderado y que había perdido el norte. No nos quedó otra que marcharnos a otra delegación oficial donde esta vez fuimos atendidos de forma más que correcta y sin pedirnos un documento que no existe, por lo que pudimos realizar la gestión sin más problema.

Pero imaginemos que no hay otra opción que la de ese funcionario ¿Qué hubiese pasado? Pues que estas personas ya de por sí en un estado de vulnerabilidad extrema, tendrían que renunciar a la ciudadanía real y a servicios básicos, simplemente porque no hay procedimientos claros que impidan estar en manos del criterio del funcionario que se le asigne. Menos mal que la gran mayoría de funcionarios públicos son más que humanos y en muchas ocasiones se tienen que implicar de forma personal para solucionar las trabas administrativas que tienen bloqueados a miles de personas que no solo no pueden acceder a los servicios más básicos, sino que les impiden el deber de aportar a la sociedad en la que viven, con su trabajo e impuestos, para ayudar a la sociedad que les ha acogido, aunque sea de esta manera.

Sin más dilación os dejo con la continuación del testimonio de nuestro refugiado acogido por nuestra comunidad, con el fin de dar voz a los que aún parece que no la tienen en nuestra sociedad o no la suficiente:

Un mundo de realidades mi mundo....

Desde que presenté dificultades para obtener mi receta azul para el tratamiento antituberculoso y dado que nunca fui contactado por aquel “departamento de gestión farmacológica” donde mi doctora de cabecera aparentemente dejó una nota sobre mi situación, opte por buscar ayuda por otros medios, personas, asociaciones, que felizmente facilitaron este transitar hacia la recuperación de mi salud.

Los avances son significativos y todo parece indicar que la infección ya ha abandonado mi organismo, sin embargo mi doctora de infecciosas decidió el pasado diciembre que debía continuar al menos por tres meses más con mi tratamiento, para cumplir un año exacto desde la colocación de mi prótesis de revisión de rodilla. Los motivos fueron diversos pero el objetivo fue el mismo, garantizar que la tuberculosis no reapareciera y que pudiese comprometer la integridad de mi pierna, que bien dicho por ella y por la naturaleza de mi prótesis, no hay mucho material óseo para futuras intervenciones o “limpiezas”.

Como ya había transcurrido un tiempo y aún quedaba esa duda si la receta azul no se podía imprimir por problemas de sistema, me acerqué nuevamente al centro de salud para solicitar nuevamente mi receta esperando quizás que ya el problema hubiese sido resuelto, pero acá me he encontrado con otro escenario… una crisis en atención primaria y una huelga de facultativos renuentes a atender pacientes a menos de que fuese una urgencia.

En este caso y ante mi insistencia, fui atendido por la misma doctora de cabecera de la vez anterior, y sin contemplación alguna me preguntó que dónde me habían puesto el tratamiento, procedo a indicar el nombre de mi doctora y del hospital donde trabaja, a lo que ella replica que ella no hace recetas de hospital, que eso lo debe hacer directamente el especialista. Yo le explico que anteriormente se imprimían las recetas azules físicas en el centro de salud porque ante la ausencia de una tarjeta de sanidad, los doctores especialistas del hospital no podían imprimir recetas. Y esto lo llevaban haciendo desde junio de 2021, desde que comencé a recibir asistencia médica como solicitante de protección internacional. Entendiendo los temas burocráticos y posibles conflictos internos que existan, resultó un poco difícil de comprender que en medio de la conversación con la doctora de cabecera, ella pudo mostrarse la receta en pantalla (que además aparecía como receta no financiada) pero no pudo (o quiso) imprimirla, y sé que es una cuestión de un par de clics pues ya he visto el proceso anteriormente.

Pude sentir incluso al mencionar ella varias veces “yo no imprimo recetas de hospital” y aquella receta reflejada en pantalla, que más allá de ser una división de funciones o una delegación de responsabilidades, que podría tratarse de un tema de actitud indiferente hacia el paciente, como unas ganas enormes de ser la piedrita en el zapato de alguien. Lo cierto es que podría solicitar un cambio de doctora de cabecera o un cambio de turno, según algunos consejos que me han podido dar, pero como aún quedaba la duda de la “receta azul”, decidí mandar un correo a la unidad de tramitación explicando con detalle mi situación. Debo confesar que me sorprendió mucho la efectividad de mi email, ya que a los poco minutos fui contactado por teléfono.

Sé que al escribir este texto, el título que le he dado es el de un mundo de realidades, y pues en esa llamada he descubierto una nueva realidad. El motivo de por qué no puedo obtener la receta azul es porque mi solicitud de alta en la sanidad pública ha sido denegada, y por ende ya mi asistencia no puede ser financiada.

La persona de la unidad de tramitación en su intención de aclarar la situación, comenzó a hablarme de cuales eran mis derechos, sobre la Seguridad Social, sobre las personas que aportan y las que no… sin ánimos de faltarle el respeto y pensando de manera objetiva, le dije que estaba consciente de mi posición actual y que solo quería escuchar opciones, soluciones o alternativas, es allí cuando descubro mi siguiente realidad.

Las opciones son las siguientes: apelar la decisión de la Consejería de Sanidad o renunciar al recurso interpuesto por la denegación de mi solicitud de protección y solicitar el alta de la sanidad como irregular, que no garantiza igual un resultado positivo. En teoría ambas opciones son viables, ambas con sus gastos administrativos, las incomodidades que genera todo trámite burocrático pero lo que preocupa es, ¿qué sucede mientras tanto? ¿Quién me facilita mi tratamiento además de estas personas de buen corazón que he encontrado en el camino? ¿Cómo voy a pagar todos los futuros estudios de seguimiento sobre mi caso? ¿Cómo es posible que una persona que recupera su salud, que está dispuesto a retribuirle a la sociedad, al sistema, al país, lo mucho y lo poco que le han dado, termine atada de manos y pies sin consideración alguna? ¿Dónde quedan todas aquellas intervenciones quirúrgicas, exámenes, estudios, rehabilitación, el tiempo en sí que han invertido todos esos especialistas en permitirme volver a caminar, el costo que eso representa para el estado español, para que a la final por un tratamiento inconcluso todo se vaya por la cañería? Por dónde sea que lo mires resulta ilógico e injusto la manera en que la burocracia daña una sociedad, nacionales e inmigrantes, porque estoy convencido que hasta aquél que hace sus aportes sufre de la mala administración, de la indiferencia, de la ignorancia, de la falta de empatía y de la falta de humanidad de una sociedad que se va desintegrando ante la mirada de aquellos que son nuestros líderes. Es momento de despertar antes de que sea tarde.

Vivimos en un país que goza de una seguridad social envidiable para todos los países, y que promulga una asistencia gratuita universal como especifica la declaración de los DDHH. La aplicación práctica cuenta con muchas trabas burocráticas, principalmente por la falta de transparencia en la información y la eficacia para la forma de proceder de los administrativos y de solicitar a las personas en situación de vulnerabilidad que no saben qué es lo que se les ofrece desde el sistema. Estas mismas personas que están buscando la forma de sobrevivir hasta que se tramite una regularización administrativa, no pueden costear la asistencia que finalmente se les pide por atenderles en servicios de urgencias. Para más dificultad deben esperar meses para poder tramitar estos servicios.

Enterémonos y sepamos como sanitarios que en España estas situaciones están pasando y os invito a buscar la forma de mejorar, de informarnos, de exigir a las autoridades sanitarias y de ocuparse de los más vulnerables porque a fin de cuentas, un estado de derecho si no se atiende estas necesidades, no lo está haciendo bien.